Es hoy día indudable que la actual crisis financiera global es la peor de los últimos veinticinco años y bien puede ser la peor desde la Gran Depresión.

Una primera respuesta a la crisis fue la de rescatar a instituciones financieras de las economías desarrolladas con un costo inmenso para los contribuyentes, y con marcadas diferencias de opinión sobre la mejor manera de proceder. Los gobiernos y las fuerzas progresistas se pronunciaron por responsabilidad, transparencia y garantías hacia el ciudadano común, a fin de no convertirlo en víctima de acciones imprudentes y la irresponsabilidad de aquéllos que provocaron la crisis.

Desde el comienzo, hemos situado al centro de nuestras preocupaciones los empleos de las personas, la vivienda, las pensiones, el acceso a los servicios de salud y de educación, en resumen, los medios de vida y la protección social de los ciudadanos severamente amenazados por esta crisis.

La visión socialdemócrata de la economía y de los mercados financieros es que deben estar al servicio de los ciudadanos de nuestra sociedad. Los mercados financieros son un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismos. No es necesariamente así que lo que es bueno para Wall Street u otros centros financieros, es bueno para el resto de la economía. Aún más, la economía del goteo – la noción de que ayudar a aquéllos que están en los estratos más altos beneficiará a todos – ha sido rechazada una y otra vez.

Cuatro principios continúan guiando la respuesta socialdemócrata: las soluciones a la crisis deben ser consistentes con los valores fundamentales de justicia social y solidaridad social, como asimismo con nociones básicas de justicia. Los lazos de solidaridad social deben cruzar las fronteras; no podemos tomar acciones que nos ayuden a nosotros mismos a costa de aquéllos en el mundo en desarrollo. Ellas deben reflejar una comprensión del necesario equilibrio entre gobierno y mercado. En cuarto lugar, toda respuesta debe respetar los principios básicos del debido proceso democrático, incluyendo una total transparencia.

Estos principios adquieren hoy un mayor sentido de urgencia, ya que lo que comenzó como una crisis financiera se ha convertido rápidamente en una crisis de la economía real, haciendo viva la amenaza de una recesión alrededor del mundo, y en momentos en que entramos en una nueva fase en la cual las economías emergentes y en desarrollo están también sufriendo las consecuencias de esta crisis.

La falta de una regulación financiera fue el detonante de la crisis, una debilidad fiscal y considerables deudas públicas han dificultado la habilidad de muchos gobiernos para formular políticas que respondan a ella. Al mismo tiempo, serias deficiencias en el sistema financiero global han quedado en evidencia, tales como las limitaciones de las instituciones de Bretton Woods para proteger contra los desequilibrios macroeconómicos y dar liquidez a aquellas economías que la necesitan; una inadecuada supervisión de los mercados financieros en las economías desarrolladas y una representación insuficiente de las economías emergentes en la gobernanza de las principales instituciones multilaterales de préstamo.

No podremos restablecer la confianza en nuestros mercados financieros a menos que cambiemos su comportamiento a través de una regulación. Y la regulación debe ser exhaustiva. Muy a menudo, el proceso regulatorio ha sido capturado por aquéllos a quienes suponía regular. La voz de las víctimas de una regulación inadecuada -los pensionados que pierden sus ahorros de vida, los propietarios que pierden sus hogares, los trabajadores que pierden sus empleos- debe asumir una primordial importancia. Tal regulación podría incentivar una real innovación, no del tipo que ha marcado a los mercados financieros en años recientes, como los derivativos que se suponía gestionarían el riesgo y en cambio lo crearon; sino innovaciones que permitan al ciudadano común permanecer en sus hogares cuando enfrentan las vicisitudes económicas. Se permitió a los bancos alcanzar un crecimiento demasiado grande para fracasar y eso fue peligroso para todos nosotros.

Dado a que la reestructuración de las finanzas globales tomará tiempo, la Comisión sobre Cuestiones Financieras Globales propone cinco programas inmediatos para proteger hoy día a las personas de los países más directamente afectados por la crisis:

• La creación de un Fondo de Protección Social que de asistencia a los países en desarrollo que no cuentan con esquemas de protección social adecuados o con los necesarios fondos, para que establezcan sistemas de seguridad social que den un mínimo de protección, incluyendo provisiones para los desocupados, para la salud y para los jubilados;

• La creación de un Fondo de Desarrollo de Empresas Pequeñas para facilitar flujos de crédito y capital a negocios pequeños, por ser éste un sector que provee la mayor fuente de empleo y una gran contribución al PIB, ayudar a su desarrollo tecnológico y expandir el trabajo decente;

• La creación de un Fondo de Infraestructura Financiera para ayudar a estimular la economía. Tal fondo serviría al mismo tiempo de estímulo a la economía a corto plazo y ayudaría a nuestras sociedades a responder a los desafíos que enfrentan a largo plazo; algunos fondos podrían destinarse, por ejemplo, a ayudar a superar los desafíos que presenta el calentamiento global; otros podrían destinarse a la economía informal que constituye la fuente de entradas de muchas personas de escasos recursos, por ejemplo, con programas locales para pequeñas plantas de energía, caminos rurales y mercados, y parques tecnológicos.

• La Comisión apoya igualmente el establecimiento inmediato y urgente por parte del Fondo Monetario Internacional, de una línea de liquidez a corto plazo para economías emergentes y en desarrollo que enfrenten una crisis de liquidez motivada no por políticas internas deficientes sino por cortes de las fuentes de financiamiento debido a crisis sistémicas, cuando bancos activos internacionalmente acaparan liquidez, el capital es repatriado hacia los centros financieros y el PIB de los países ricos se contrae. Esta línea de liquidez debe permitir acceso a países ampliando los criterios de elegibilidad de manera justa, apoyando así a cientos de millones de personas que ahora son las víctimas involuntarias de esta crisis; y ella debería ser concedida sin las severas condicionalidades impuestas a menudo en el pasado.

• Nuevas fuentes de financiamiento, y nuevas facilidades de préstamo, deben recibir una urgente consideración. Existe un creciente consenso de que son insuficientes los recursos financieros de instituciones multilaterales y bancos de desarrollo regional para poder proveer un apoyo adecuado al gran número de economías susceptibles de enfrentar dificultades. Dado a que las fuentes de fondos líquidos en el mundo de hoy se encuentran en países que tienen una representación inadecuada dentro del FMI, del Banco Mundial, y de otras instituciones multilaterales existentes, será imperativo crear nuevas estructuras de gobernanza para estas facilidades de préstamo que son más representativas. Estas nuevas estructuras de gobernanza deberían entenderse como precursoras de las reformas más fundamentales de la gobernanza económica global que han sido requeridas por mucho tiempo, y pueden implicar el involucramiento más activo de otras instituciones internacionales con una representación más amplia y diversa, incluyendo diferentes agencias de la familia de la ONU, como el PNUD y la Organización Internacional del Trabajo.

Una gobernanza financiera transparente y sostenible requiere de fuertes regulaciones de parte del mundo de las finanzas las cuales, como fue expresado por el Presidium de la Internacional Socialista, deberían incluir el establecimiento de una Organización Financiera Mundial. La naturaleza y extensión de tal regulación deberían surgir de los procesos democráticos globales. Una regulación bien diseñada deberá estar enfocada alrededor de instituciones y productos financieros cuyos fracasos ponen en riesgo a la economía entera. Los elementos incluirán, pero no estarán limitados a, demandas de mayor transparencia, restricciones a esquemas de compensación, especialmente aquéllos que incitan un comportamiento corto de miras y con riesgos excesivos, restricciones a los conflictos de interés, supervisión de las agencias que evalúan los créditos, y control de otros aspectos del comportamiento de las instituciones financieras que han impuesto grandes costos sociales, sin beneficios sociales proporcionales. Las deficiencias en la gobernanza corporativa que han dado lugar a esquemas de compensación que benefician a gerentes de corporaciones en detrimento de otros interesados, incluyendo a accionistas, necesitan ser examinadas urgentemente. Debe ponerse término a los paraísos fiscales; y, debe estudiarse un impuesto a las transacciones a corto plazo.

Existen otras reformas al sistema financiero internacional que deben ser abordadas si se quiere lograr una economía global más estable, próspera y equitativa. Estas incluyen una reforma al sistema de reserva global, una mejor coordinación macroeconómica, con mayor atención a las consecuencias de las políticas para el desempleo, y mejores maneras de encarar las bancarrotas y desfalcos que cruzan las fronteras, incluyendo los soberanos de oro. El sistema que perseguía políticas monetarias y fiscales anticíclicas en los países industrializados avanzados mientras imponía políticas procíclicas en los países en desarrollo, ha contribuido a la volatilidad global y ha impuesto inmensos costos a los países en desarrollo. La actual crisis ha dado una nueva urgencia a estas reformas postergadas desde hace mucho tiempo.

El proceso de reforma en sí mismo debe ser abierto, transparente, inclusivo y democrático; esto significa que la reforma del marco regulatorio global o la manera en que los mercados financieros sean regulados y supervisados, deben tomar en cuenta las opiniones de todos. Por esta razón, proponemos que la discusión sobre las reformas del marco regulatorio y financiero de los mercados privados sea ampliada para incluir a las economías emergentes, asignando asimismo un papel a las contribuciones de instituciones existentes que son menos representativas, como el Foro de Estabilidad Financiera.

Los socialdemócratas siempre se han pronunciado por mercados con responsabilidad social. Los mercados que ponen en primer lugar a los ciudadanos. Por un papel del gobierno en la economía, con reglas y regulaciones en el mercado. Hace 75 años, John Maynard Keynes explicó cómo la acción de gobierno podía ayudar a la recuperación de la economía tras la Gran Depresión. Hoy día sus ideas son parte esencial del conocimiento aceptado por todos. Las políticas socialdemócratas y sus propuestas para prevenir otra calamidad como la que hoy vivimos, serán eventualmente reconocidas como parte del conocimiento también aceptado. Pero los plazos son esenciales: mientras más rápido actúen los gobiernos, más corto será nuestro descenso económico, y menor el número de personas inocentes cuyas vidas y aspiraciones serán destrozadas por este trágico episodio. Estamos viviendo una crisis hecha por el hombre que no debe permitirse que suceda nuevamente. Nuestra Comisión está comprometida a contribuir para lograr este fin, construyendo una hoja de ruta en la cual democracia, inclusión, justicia y desarrollo ecológico encuentren su debido lugar dentro de una nueva visión política, social y económica requerida para estos tiempos.